Diversidad funcional: el derecho a la plena inclusión en los centros educativos

En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dio la razón a una familia para que su hijo, con diversidad funcional, pudiera ser matriculado en un centro ordinario y no específico. La sentencia puso sobre la mesa un problema de fondo contra el que muchas familias lidian para que sus hijos puedan ser educados en centros escolares ordinarios, relacionándose con sus iguales, en lugar de ser derivados a centros de educación especial. Aquel litigio puso en evidencia que la ley educativa en España no ofrecía alternativas para las familias, y así lo evidenció Juan Rodríguez, abogado especializado en derecho administrativo que colabora con las familias en estos casos.

Adrián

La Consejería de Educación de La Rioja pretendía enviar a Adrián, de 11 años, a un centro de Educación Especial. Adrián comenzó a estudiar en un colegio ordinario, pero Educación lo trasladó a una modalidad combinada irregular, que la ley no contemplaba, en la que alternaba este centro con uno especial. Finalmente, acabó con un diagnóstico en el que se recomendaba que pasase todo su tiempo en este último colegio, porque en uno ordinario no podría ser correctamente atendido según sus necesidades. Una vez más se ponía de manifiesto la segregación, a pesar de que sus padres corroboraron que a Adrián le iba mejor cuando se relacionaba con sus compañeros del centro ordinario. Acudieron a la justicia que, amparada en la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad, les dio la razón. Adrián tenía derecho a acudir a un centro no segregado porque, además, la Administración no había acreditado que el pequeño solo pudiera recibir ese apoyo en un centro especial.

Carme Fernández, directora y fundadora de la Fundació Gerard, siempre ha volcado su apoyo a las familias que deben enfrentarse a estas situaciones afirmando que “la capacidad de un chico no puede condicionar los derechos humanos nunca”. Fernández entiende que “a la inclusión no se llega desde la segregación, porque son caminos paralelos que no pueden confluir en ningún punto. Esto es una forma de perpetuar la segregación. Las aulas específicas en el fondo tienen sus raíces en los prejuicios que nos acompañan desde hace un siglo con la diversidad funcional”.

En la década de los 80, en los países desarrollados, comenzaron los movimientos a favor de la integración en las aulas ordinarias del alumnado que presentaba necesidades educativas especiales. También ha influido la protesta de padres y madres de las propias personas con discapacidad que pedían poder ser escolarizados en centros ordinarios en lugar de segregarlos en instituciones. A través de la creación de asociaciones han podido defender sus derechos, entre los cuales está el derecho a la educación normalizada.

Especialistas de todo el mundo afirman que “el alumnado con necesidades educativas especiales que participa en clases ordinarias obtiene mejores rendimientos académicos y sociales que los niños y niñas que no están incluidos en este contexto. Además, este tipo de educación también favorece a los alumnos que no presentan necesidades educativas especiales ya que mejora sus actitudes hacia éste”. La conclusión es que, con este tipo de educación inclusiva, no solo se favorecen los niños con diversidad funcional si no que éstos también trasladan sus valores, sus capacidades y enriquecen la tolerancia, la igualdad, la equidad o la justicia social.

En la web www.uco.es se recuerda que “la UNESCO, en 1968, ya había presentado un informe para que los gobiernos tuviesen en cuenta la necesidad de servicios que cubriesen las necesidades de las personas con discapacidad, facilitando la igualdad de acceso a la educación y a su integración en la comunidad. La UNESCO (1996), además, propone que la inclusión no debe limitarse a la escuela, debiendo incluir el entorno familiar, la comunidad y cualquier entorno que ofrezca oportunidades de educación fuera de la escuela”.

La Ley LOMLOE

Las derechas de PP, Ciudadanos y VOX han puesto el grito en el cielo con la nueva Ley de Educación (LOMLOE) respecto al apartado de los centros especiales. La paradoja es que tanto PP como Ciudadanos incluían en sus programas electorales lo que al final se ha incluido en el texto de la mueva Ley educativa. VOX, directamente, abogaba por su desaparición. El PP, en el punto 108 de su programa electoral, afirmaba que “garantizaremos el derecho de los padres de niños con discapacidad a elegir la educación que quieran, tanto en los centros de educación especial como en los centros normalizados”. Ciudadanos, por su parte, en el punto 46 decía que “garantizaremos el derecho a una educación inclusiva. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias tanto la escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios”. VOX, en el punto 118, “acabar con la educación especial”. El Partido Popular, no contentos con la torpeza de criticar lo que ellos mismos defendían de cara a su electorado, ha grabado un vídeo con fondos públicos, pagados por todos los madrileños, en el que se utiliza a niños con diversidad funcional para arremeter contra la Ley y contra el Gobierno de la Nación, un vídeo que ha provocado las críticas de gran parte de la sociedad y de asociaciones y colectivos. Incluso uno de los orientadores que trabaja en uno de los centros donde se ha buscado la participación de los niños ha afirmado que “es una vergüenza” y que la Administración les engañó cuando escribieron un correo solicitando ir a grabar con la excusa de promocionar la educación especial pública. “Luego llegaron y solo querían niños, niños y niños. Nosotros pensábamos que iban a mostrar nuestros programas de tecnificación que utilizamos con los chavales, pero estuvieron cuatro horas y solo iban a lo que iban. No es lo que nos dijeron”. 

Lo que estipula le ley en su disposición adicional cuarta es que en diez años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. El Gobierno de España pretende mejorar la educación inclusiva, preparando los centros ordinarios para un futuro trasvase de alumnos con discapacidad. Sin embargo, en ningún punto hace referencia explícita al traspaso de escolares de centros especializados a centros ordinarios.

La Ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó en Televisión Española que  «no se van a cerrar los centros de educación especial porque son necesarios en el sistema educativo” y criticó que el proyecto de ley del Gobierno viniese acompañado “de muchas fake news”.

La Comisión de Familias en Inclusión de FEAPS incluye en su texto ‘Plena inclusión’ que todos los niños y niñas con discapacidad (física, intelectual, sensorial) “TIENEN DERECHO a asistir y a aprender en aulas ordinarias, junto a niños y niñas que no tienen discapacidad. También tienen derecho a recibir todos los apoyos que necesiten en la escuela y a que se realicen las adaptaciones necesarias para su aprendizaje.

Este derecho está recogido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en el año 2007 y en ella, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación y crea la obligación a los gobiernos de hacer dos cosas: proporcionar educación a niños/as, jóvenes y personas adultas con discapacidad en igualdad de condiciones que para el resto de ciudadanos/as y proporcionar esa educación dentro de un sistema inclusivo.

Las personas con discapacidad tienen el derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás”. En definitiva, que los tiempos del ‘Solo pienso en ti’, de Víctor Manuel, una canción que ya denunciaba la intolerancia a las personas con discapacidad, que parte de la sociedad siempre ha creído que debían estar apartados de la misma, han terminado, porque el cantautor asturiano ya evidenciaba que las personas con diversidad funcional no eran diferentes y que sus sentimientos son exactamente iguales a los del resto. El Gobierno de España, además de afrontar la obligación de acometer una Educación Sostenible para 2030, pretende que aquel “le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó” se convierta en que todas las personas puedan ir “juntas de la mano por el jardín” de la plena inclusión.