El PSOE presentará una propuesta para que se aplique, de manera inmediata, la nueva Ley de vivienda

Óscar Blanco: “los jóvenes en situación de vulnerabilidad social podrán beneficiarse de una desgravación extraordinaria del 40% como subvención a su alquiler y los jóvenes que estén por debajo del umbral de vulnerabilidad social (sobre unos 12.000 o 13.000 euros al año, aunque aún no está determinado) recibirán hasta un 40% de subvención para pagar el alquiler”.

El grupo municipal Socialista presentará una propuesta en el próximo Pleno, que se celebrará el día 27 de este mes, para que la Corporación inste al Gobierno Regional a aplicar inmediatamente a la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, todas las medidas que son de su competencia de aplicación, así como a la firma del acuerdo con el Gobierno de España que permita a los jóvenes madrileños disfrutar del bono vivienda lo antes posible. Además, la propuesta también incluye instar al Gobierno Municipal a adoptar las medidas necesarias tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, de la aplicación de su competencia de los recargos en el IBI para favorecer que la vivienda vacía salga al mercado del alquiler.

El concejal socialista Óscar Blanco ha explicado que “ante el escaso número de jóvenes emancipados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso el 5 de octubre una dotación de 3.000 euros anuales destinados al alquiler a través de un bono de 250 euros mensuales para que los jóvenes puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas, una medida que beneficiará a jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos por debajo de 23.725 euros y tendrá una duración de dos años”.

Este bono de 250 euros se va a entregar a través de las comunidades autónomas, y para ello tendrá que haber acuerdo con las comunidades y ellas serán las que den los cheques a esas personas de entre 18 y 35 años que cumplan el requisito de no cobrar más de 23.725 euros brutos al año. Blanco sostiene que “las autonomías pueden determinar si el cheque joven es por persona que habita el hogar o por vivienda, lo que podría dar la situación de que en una comunidad autónoma se den 250 euros a una vivienda compartida por tres jóvenes y que en otra cada joven reciba 250 euros, haciendo un total de 750”. 

El concejal socialista ha añadido que “además, los jóvenes en situación de vulnerabilidad social podrán beneficiarse de una desgravación extraordinaria del 40% como subvención a su alquiler. Los jóvenes que estén por debajo del umbral de vulnerabilidad social (sobre unos 12.000 o 13.000 euros al año, aunque aún no está determinado) recibirán hasta un 40% de subvención para pagar el alquiler”.

El control de precios lo van a tener que aplicar las comunidades autónomas y la norma establece, además, un juego de deducciones fiscales que pretende empujar los precios a la baja. “Los propietarios que rebajen el precio de sus inmuebles podrán desgravar hasta un 90% de sus ingresos en su declaración de la Renta. Si suben el precio del alquiler, perderán automáticamente esa desgravación. El objetivo claro es incentivar la bajada de precio del arrendamiento. Todo, por lo tanto, va a quedar en las manos de las autonomías”, ha explicado Blanco, que considera como otro pilar fundamental de esta ley que sean los ayuntamientos los que tengan que gravar e lmpuesto de Bienes Inmuebles (IBI), permitiendo recargar el IBI hasta un 150%. “Para ello será el ayuntamiento el que tenga que ponerlo en marcha de tal forma que, si se cumplen una serie de requisitos, se irá incrementando progresivamente ese gravamen”. 

Para que se pueda aplicar, se tendrá que tener cuatro viviendas vacías o más y ese recargo será incremental de la siguiente forma: el 50% es potestativo del ayuntamiento, el siguiente tramo del 50% sólo podrá cobrarse a quien tenga una vivienda que lleve más de 2 años vacía, y el 50% adicional sólo podrá cobrarse si se tienen más de dos viviendas vacías en el mismo municipio. “Además, la Ley también contemplará una apuesta por la creación de parques públicos de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social)”.