MANIFIESTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

Como todos los años celebramos el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, y de igual manera, desde el Partido Socialista nos adherimos un año más a este día reivindicativo. Los y las socialistas consideramos que el Día Internacional de las Personas Mayores es una ocasión perfecta para destacar las importantes aportaciones que nuestros mayores hacen a la sociedad y crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el siglo XXI.

Así pues, es importante recordar que el envejecimiento es uno de los mayores cambios sociales que se está produciendo en la sociedad mundial. La composición de la población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de 46 a 68 años. A nivel mundial, había 703 millones de personas de 65 años o más en 2019. La región de Asia oriental y sudoriental albergaba el mayor número de personas mayores (261 millones), seguida de Europa y América del Norte (más de 200 millones).

España tiene una población que ha ido envejeciendo notablemente en los últimos años, en 2019 las personas mayores de 65 años sumaban más de 9 millones, el 19,3% de la población total, la proporción de octogenarios crece igualmente y suponían 6,1% de la población y, según los informes del CSIC, seguirán ganando entre la población mayor, es notable por ejemplo que los centenarios empiecen a hacerse notar, en 2019 había más de 16.000 empadronados.

La esperanza de vida, una de las más altas del mundo, junto con que tenemos una de las natalidades más bajas, hace que debamos comprometernos todavía más con las personas mayores, que en breve se convertirán en una nueva mayoría. Pero no estamos solos, este fenómeno es global.

Como socialistas consideramos que existe una premisa esencial y es considerar el envejecimiento como la consecuencia de un logro del progreso de las sociedades. En nuestra opinión, debemos empezar su análisis como la constatación de un éxito y de un evidente síntoma de progreso, eso sí, no exento de retos y de planteamientos sobre los nuevos retos que plantea. Es necesaria una reflexión sobre una etapa en la vida que cada vez más ciudadanos y durante más tiempo, van a disfrutar. Convertirla en una etapa de plenitud, con una visión de oportunidad y de mejora del bienestar individual y colectivo, depende de las respuestas, pero ante todo de una predisposición y un diagnóstico de éxito social.

Hacen falta nuevos enfoques y abrir un debate sobre cómo abordar a largo plazo este fenómeno, sin dejar de lado las políticas que ya están en marcha y nos están marcando el camino. Las políticas de envejecimiento activo y pacto intergeneracional se hacen imprescindibles y deben constituir uno de los ejes centrales del desarrollo de las políticas públicas. Es nuestra obligación mejorar la salud, la participación y la seguridad de las personas mayores, y asegurar que las generaciones futuras tengan el mismo o mayor acceso a los recursos sociales y económicos que la generación actual. En este sentido, compartimos plenamente el tema elegido por Naciones Unidas para este 2021 del Día Internacional de las Personas de Edad, «Equidad digital para todas las edades», haciendo hincapié en la importancia de que las personas de edad tengan acceso y una participación significativa en el mundo digital. Los avances tecnológicos ofrecen grandes esperanzas para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la mitad de la población mundial vive sin conexión a Internet. Las diferencias más evidentes se reflejan entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87 % y 19 % respectivamente; según muestran dato de 2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, informes recientes de la UIT indican que las mujeres y las personas de edad experimentan una desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de la sociedad. Al tiempo es imprescindible que la red y la digitalización de los procesos cotidianos, sean accesibles, pero también seguros y con garantías para todos los ciudadanos, pero con especial atención a las personas mayores, que sufren riesgos mayores.

Nuestro compromiso con esta nueva realidad social es claro, por ello consideramos que debemos profundizar y avanzar más en el debate. Estamos ante el reto de un modelo social que facilite la sostenibilidad personal, social y familiar, poniendo la autonomía de las personas en el centro de nuestra acción política en todas las etapas de la vida, acomodando la atención social, la participación cívica y queremos una democracia activa y participativa, donde nadie se sienta excluido, ni amortizado, por motivos de edad.

Consideramos además que las sociedades europeas y aquellas que han consolidado un Estado del bienestar, somos las mejor preparadas para poder afrontar este proceso de envejecimiento de la sociedad con éxito. En todo caso, somos plenamente conscientes y reivindicamos que necesitamos importantes reformas y mejoras en el mismos, podemos afrontar mejor todas las dimensiones del propias del envejecimiento en las personas y atender toda su diversidad. Pero, una vez más, resulta imprescindible afrontar este proceso desde la constatación de que es una oportunidad y un avance en el bienestar de los ciudadanos y no un problema en sí mismo.

Convencidos firmemente de que esta reflexión con una perspectiva holística sobre el envejecimiento no debe demorarse, los socialistas hemos impulsado en el Senado una Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España que ha dado sus frutos. Este es un paso indispensable para que la propia sociedad tenga una guía que, desde la intensa participación de expertos y la sociedad civil, ayude a abordar el envejecimiento desde esa perspectiva de oportunidad y de avanece en los derechos de las personas mayores.

Por ultimo este año debe poner el acento nuestra reivindicación las consecuencias que las personas mayores han sufrido con motivo de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la expansión de la COVID19, y que ha puesto de manifiesto el desamparo al que se han enfrentado demasiadas de nuestras personas mayores, evidenciando la fragilidad y discriminación que sufren por motivos de su edad y aumentando la soledad y el aislamiento al que se han visto abocadas muchas de estas personas.

La pandemia ha evidenciado también las consecuencias de los recortes sanitarios de los últimos tiempos, así como la solidaridad, entrega y compromiso por parte del personal socio sanitario. Entendemos que la salud pública, por razón de emergencia sanitaria, se ve obligada a tomar medidas ponderadas para favorecer el interés colectivo con una perspectiva integral, pero éstas no pueden anular los derechos de las personas mayores. Derechos que se han visto vulnerados a la hora de decidir a quién se atendía tanto en residencias de mayores como en hospitales, en los que los triajes han tenido criterios basados únicamente en la edad de la persona a atender. La visión de que una persona mayor es amortizable rebaja sustancialmente la consideración moral y ética de la sociedad y mina profundamente la idea que la base de los acuerdos de convivencia.

En nuestro país, las residencias funcionan con clara orientación a la eficiencia, pero muy poco centradas en la persona en sí misma. Esta forma de organización no coincide con los valores sociales y éticos de la sociedad española y nos exige hacer una apuesta por un cambio de modelo, hacia modelos de cuidados centrados en la persona, donde la calidad de vida, la seguridad y la ética estén garantizadas.

Debido a todas estas causas, es necesario plantearse que la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 no solo ha sido sanitaria, sino que también se ha convertido en una crisis social, que puede perdurar en el tiempo en el caso concreto de nuestros mayores. Y desgraciadamente ha acelerado aquellos procesos y situación de deterioro en las condiciones de personas mayores como la soledad no deseada, la degradación de sus relaciones sociales y de acceso a la cultura, o el deterioro de su atención socio sanitaria y de atención social.

Por lo tanto, las políticas de protección y valorización de las personas mayores deben ser prioritarias en estos momentos, implementando nuevos modelos de cuidados orientados a la atención integral y a la integración social de nuestros mayores, que garanticen una mayor calidad de vida, centrada en sus expectativas, necesidades e intereses.

Repensar el modelo de cuidados permitiría restituir el respeto y la dignidad de las personas mayores, que ya estaba estigmatizado antes de esta pandemia y que ésta ha contribuido a empeorar notablemente. En este sentido, consideramos urgente la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato, una ley que también deberá estar al servicio de las personas mayores que como hemos podido comprobar en muchos casos sufren discriminación por razón de edad en todos los ámbitos y garantice el derecho a la vivienda y a las prestaciones sanitarias como cuestiones prioritarias.