El Pleno aprueba la propuesta de PSOE, InPar y Unidas Podemos para que se muestre el apoyo a las 26 familias a las que pretenden desahuciar de sus viviendas en La Montaña

Montsdrrat García: “no se está cumpliendo la Proposición No de Ley aprobada en la Asamblea de Madrid, que no era un compromiso para un día y una llamada de teléfono, era un compromiso para solucionar problemas que generan estos fondos de inversión, para que no dañen a las familias de la región y, en particular, a los vecinos de Aranjuez”

El Pleno aprobó la propuesta conjunta de PSOE, InPar y Unidas Podemos para apoyar a las 26 familias que pretenden desahuciar de sus viviendas en el PAU de La Montaña y para que la Alcaldesa de Aranjuez cumpla con el compromiso contraído, hace dos años, con los vecinos afectados por la subida de los alquileres y se traslade a la Comunidad de Madrid la negociación y resolución de los alquileres de las familias afectadas.

El fondo de inversión está aplicando subidas abusivas en los alquileres, y esta situación está provocando que se esté desahuciando de facto a muchas familias. Al igual que hace dos años, hoy, las familias se encuentran en una situación en la que no pueden hacer frente a unas condiciones, que la justicia situará fuera o dentro de la legalidad, pero que, sin embargo, están fuera de toda ética y moralidad, ya que van en contra de los principios que deben imperar en la cobertura que ofrezca cualquier vivienda que ostente la condición de pública/protegida.

La portavoz socialista, Montserrat García, ha señalado que “es fundamental tener consciencia de que el argumento al que se agarra la empresa para desproteger las viviendas, originalmente de protección oficial, es el vencimiento del plazo de protección que regulaban los contratos. No obstante, los propietarios olvidan el resto de las cláusulas que contenían dichos contratos, entre ellas las que garantizaban tanto los precios de alquiler como la opción de compra”.

GLOBAL LICATA, SA ha llegado al punto, incluso, de enviar demandas a los inquilinos aludiendo a la protección jurídica que le otorgan, únicamente, las cláusulas que les resultan beneficiosas en su objeto lucrativo, y se desecha las que protegen a los inquilinos/as, evidenciando una impunidad que asusta.  “Este fondo inversor ha desahuciado ya, en pleno Estado de Alarma, a muchas familias, lo que ha provocado que, llegadas estas fechas de invierno y navideñas, varias familias hayan firmado la subida abusiva ante el temor del desahucio, sabiendo que sus condiciones económicas no les iban a permitir cubrir la subida y poder subsistir. Sabían estas familias que estaban firmando algo que no iban a poder cumplir, y lo hacían por el acoso que estaban sufriendo”, ha recalcado García.

La portavoz Socialista señaló que “el fondo inversor, durante el Estado de Alarma, ha desahuciado a familias, les han mandando por debajo de la puerta la prórroga de los contratos con una subida abusiva, modificando y proponiendo contratos en los que tienen que pagar los inquilinos la comunidad de vecinos, el seguro, el IBI y con subidas del 60 al 85%”. García sostiene que “a esto se le llama especulación y acoso de un banco, un tenedor de viviendas para la especulación a vecinos, unos vulnerables y otros de familias trabajadoras que, con esta subida, también pueden entrar dentro de esos criterios de vulnerabilidad”.

Para García, “esta propuesta es absolutamente pertinente, porque es cierto que hay un acuerdo de la Alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, y que se está trabajando en él desde Servicios Sociales y desde la Oficina de Intermediación ante los Desahucios, pero esta Corporación no ha dispuesto de los detalles de esas reuniones, porque en dos años no se ha convocado la Mesa de Participación de esa Oficina de Intermediación ante los Desahucios”. La portavoz socialista, además, ha reiterado que «tampoco se está cumpliendo la Proposición No de Ley aprobada en la Asamblea de Madrid, que no era un compromiso para un día y una llamada de teléfono, era un compromiso para solucionar problemas que generan estos fondos de inversión, para que no dañen a las familias de la región y, en particular, a los vecinos de Aranjuez”.

García ha enfatizado en tres de los once puntos que contenía la propuesta, “porque son puntos claves en esta propuesta, respecto a la Proposición No de Ley, que no se han cumplido”. La portavoz ha recordado que “por una parte se pedía garantizar que la vivienda con protección pública no vuelva a ser objeto de venta a propietarios distintos a sus inquilinos. También se pedía establecer un precio máximo en el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. El tercer punto es el referente a la implantación de un sistema que posibilite a los Ayuntamientos a regular los alquileres en zonas tensionadas, como es el caso de La Montaña, zonas en las que se ha producido un aumento sostenido de los alquileres en los últimos años”.