EDITORIAL: Garantizar la convivencia

El pasado fin de semana volvió a producirse una situación en Aranjuez, que lamentablemente se convirtiendo en habitual, con la celebración de una macro fiesta en la zona de Las Calabazas que ha vuelto a poner de manifiesto la indolencia, la despreocupación y la desidia del Gobierno liderado por María José Martínez que, además, cuenta con el apoyo imprescindible de su ‘partener’ en el Gobierno, Ciudadanos, y el beneplácito de VOX y Acipa. Capítulo aparte merece esta formación que, con Jesús Mario Blasco a la cabeza, ha criticado por activa y por pasiva la celebración de los denominados ‘botellones’ y la limpieza y el estado general de la ciudad, con muchos menos motivos que los existentes en la actualidad y que, sin embargo, no parecen alterar la vergüenza y moralidad de una formación que se pliega a Martínez de manera incondicional, lejos de aquellas ‘amenazas’ de caramelo que exhibieron cuando condicionaron su apoyo a un documento que, a día de hoy, se ha esfumado en la hoguera de sus vanidades.

El Ejecutivo local vuelve a olvidar que seguimos en plena pandemia, una crisis sanitaria que, lamentablemente, no ha llegado a su fin. Martinez y sus concejales vuelven a fracasar en su obligación de garantizar la convivencia y velar por la seguridad de sus vecinos, y es evidente que los ciudadanos llevamos más de un año conviviendo con el Coronavirus, que hemos tenido que pasar por situaciones que nos han impedido desarrollar nuestra actividad diaria con normalidad y que tenemos la necesidad de abrazar, besar y, por supuesto, disfrutar de un ocio que se nos ha resistido durante más de un año, pero el Gobierno municipal tiene el deber y la responsabilidad de hacer cumplir la ley, y la ley dice de manera muy clara y tajante que este tipo de celebraciones están prohibidas. Disfrutar del ocio es un derecho, por supuesto, pero hacer cumplir la ley es una obligación que no puede derivar en una lamentable incuria.

Permitir este tipo de ‘botellones’ ilegales no es más que la muestra de la nula gestión del Partido Popular y Ciudadanos, en general, y de María José Martínez en particular, incapaz de organizar a un grupo de concejales que va coleccionando displicencias y que no asume las funciones que les corresponden para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Además, este tipo de celebraciones suelen acabar con un panorama descorazonador respecto a la suciedad y al cuidado del medio ambiente, asignaturas pendientes de un Gobierno al que, dos años de legislatura después, los vecinos siguen esperando sin muchas esperanzas de que vaya a llegar.

En el episodio que incluye hacer cumplir la ley entra el apartado de la seguridad y ahí, el Gobierno municipal y la delegada Mercedes Rico, vuelven a obtener una calificación muy baja ya que no existe garantía policial, ni presencia, ni actitud para resolver problemas de esta índole. Desde el Partido Socialista hemos demandado en numerosas ocasiones que se aumente la seguridad en el municipio ante situaciones que se han venido produciendo y que no han tenido respuesta alguna. 

La gestión de la Policía Municipal por parte de la delegada es sonrojante, porque tampoco existen medidas preventivas ni se actúa a pesar de las demandas vecinales.

Varios vecinos en redes sociales -y otros que nos han trasladado sus quejas de manera personal- han expresado que realizaron llamadas a la Policía Local ante el volumen insostenible de una música que llegó, incluso, hasta el barrio de La Montaña. Estos vecinos afirman que la respuesta que obtuvieron de las fuerzas de seguridad municipales se sostuvieron sobre un ‘pelillos a la mar, son jóvenes’ que, de ser ciertas, aumentarían la gravedad del asunto. Este tipo de respuesta, si se produjeron tal y como denuncian los vecinos, delatarían una permisividad que no se corresponde con el deber y la obligación de quienes deben garantizar la seguridad en la ciudad. Estos mismos vecinos aseguran, como ya trasladamos en su día a la propia alcaldesa, que este tipo de fiestas, en menor cuantía, se suceden en varios lugares de la localidad sin que se actúe desde las autoridades competentes.

La indulgencia es una práctica muy peligrosa si deriva en libertinaje. La libertad que tanto pregona el Partido Popular puede significar una excedencia normativa que ampare a quienes no cumplen con las normas y, mucho más, en una crisis sanitaria que está siendo tan devastadora. Pretender adelantarse al regreso a la normalidad tan deseada por todos puede suponer que ese esfuerzo realizado durante todos estos meses sea en vano y eso, a Martínez, no parece preocuparle.

Pero lo más inquietante es esta insufrible transigencia que el Partido Popular está teniendo con la crisis del COVID-19 desde que se inició la pandemia, un gobierno municipal empeñado en convertirse en el gobierno más insolente de la historia de este municipio al que, sin ningún tipo de dudas, está sobrepasando una situación de la ciudad cada día más insostenible.