Proteger a la infancia

Laura Hernández. Concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aranjuez

“L’Espagne se dote d’une loi pionnière de protection de l’enfance. Le texte prévoit en particulier d’allonger les délais de prescription afin de faciliter les poursuites contre les auteurs d’agressions sexuelles”. Así titulaba el pasado viernes 25 de junio el diario francés Le Monde en un reportaje de su corresponsal, Sandrine Morel, sobre la recién aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Y es que esta norma pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral, incide en la prevención, la socialización y la educación y establece medidas de detección precoz, asistencia y reintegración de derechos vulnerados de la víctima. Es pionera por su enfoque integral, modificando 16 leyes existentes, implicando a casi todos los ministerios y obliga a las administraciones a desarrollar una estrategia de sensibilización y lucha contra esta lacra.

La violencia contra la infancia parte de una sociedad que no reconoce los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. La bofetada y el azote eran algunos de los métodos utilizados para reprender a los niños. Era normal y algo cotidiano que los padres pegasen de vez en cuando para corregirlos, era una manera de imponer disciplina. Pero nadie concibe que, en su trabajo, reciba un tortazo de su jefe al cometer algún fallo. También ha sido habitual ver a niños y niñas en las escuelas burlados por su compañeros por ser diferentes. Y es que precisamente se estima que sólo se denuncian uno de cada cinco delitos contra los menores y que la mayoría de este tipo violencia se da en lugares donde, supuestamente, el niño tendría que sentirse protegido, como la escuela o el hogar.

La invisibilidad es la palabra que más preocupa sobre la violencia a los menores. Sigue estando sometido al tabú de la privacidad, como venía sucediendo, hasta hace poco, con la violencia contra las mujeres. Además, todavía se siguen considerando propiedad de los padres.

En esto radica la importancia de esta Ley. Su objetivo principal es crear conciencia ciudadana de todos los tipos de violencia contra la infancia y la adolescencia. “Las situaciones de violencia y miedo crean una huella que va a influir en el desarrollo de los menores y va a determinar su salud, no sólo mental, sino también física y orgánica”, como bien expresa Luisa Carcedo.

Entre las muchas medidas que recoge la Ley, se considerará violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.

Con este nuevo derecho civil, aumentará el plazo de prescripción de los delitos, que pasará de los 18 a los 35 años, posibilitando la garantía jurídica de las víctimas para proceder a la denuncia y se atenderá la veracidad de su testimonio a la hora de declarar. También se creará un registro unificado de víctimas y la protección de los trabajadores sociales con competencias en materia de infancia. Se obligará a todos los centros escolares a contar con protocolos contra la violencia infantil y a la creación de un responsable de bienestar y protección, que deberá velar por la convivencia y la erradicación de la violencia contra los menores en el ámbito educativo.

En definitiva, esta Ley busca detectar de manera precoz la violencia sobre la infancia y la adolescencia mediante la formación interdisciplinar de los profesionales que tienen contacto habitual con los menores. Además, toda persona que advierta indicios de violencia ejercida sobre un menor de edad está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente.

Como bien señala las Naciones Unidas, “la crueldad contra los menores no conoce límites de cultura, clase o educación. Los niños expuestos a la violencia viven aislados, en soledad y aterrorizados, sin saber dónde encontrar ayuda, especialmente cuando el culpable es alguien cercano. El género, la discapacidad, la pobreza, la nacionalidad, el estatus migratorio o el origen religioso de los niños aumenta el riesgo de estar expuestos a situaciones de violencia”.