Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid: otro abuso democrático de Díaz Ayuso

El pasado 23 de diciembre, el Gobierno regional publicó un anteproyecto de ley que venía a afectar a más de 40 textos normativos con un plazo otorgado por la Comunidad de Madrid para la formulación de alegaciones de 7 días hábiles. Plazo insuficiente para modificaciones de tanto calado.

A la vez que se redujeron los días de duración del trámite de audiencia, se eliminó el trámite de consulta pública previa. Todo esto supone una grave merma tanto en la participación ciudadana como de la labor de fiscalización de la oposición política.

La proliferación de este tipo de “leyes ómnibus”, a las que se ha denominado de “contenido heterogéneo”, y calificado de “técnica legislativa errónea”, ha merecido muchas críticas por cuanto que funden en un solo texto multitud de leyes de distintos ámbitos y materias, pudiendo ser causa de infracción de un principio fundamental, como es el de Seguridad Jurídica.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en varias Sentencias (STC 199/2015, STC 102/2012 y STC 161/2019) ha afirmado que la heterogeneidad de “las leyes ómnibus” no está proscrita desde un punto de vista constitucional por contener “preceptos en muchas materias y sectores”, si bien, lo que sí que constituye es una técnica legislativa desaconsejable.

Un anteproyecto de ley de tal calado, hubiera requerido de un análisis profundo y detallado de cada modificación propuesta. Pero especialmente, lo que hubiera sido deseable es que la propuesta de anteproyecto hubiera contado con el máximo consenso posible, y el debate previo.

Una vez aprobada su tramitación en el Parlamento regional, el Grupo Parlamentario Socialista y el PSOE-M, ha celebrado unas jornadas abiertas con el fin de recoger la participación hurtada por el Gobierno de Ayuso a través de la fase de enmiendas parciales en la que nos encontramos en este momento. Sin renunciar a seguir solicitando al Gobierno de Ayuso y al Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, la paralización inmediata de este anteproyecto y su decaimiento definitivo.

En qué afecta

La nueva normativa incluye la creación de una agencia de contratación sanitaria y modifica la ley del suelo y deroga más de 33 normas legislativas y siete decretos.

Estas nuevas medidas merman el control parlamentario a algunas decisiones del Gobierno, plantea la creación de una agencia sanitaria que puede ser el germen de futuras privatizaciones, denuncian algunas organizaciones políticas y sociales, y termina con la obligación de las constructoras a que tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, además de restar competencias a los municipios.

Los aspectos más destacados que regula la ley son: las leyes que tienen relación con la ordenación territorial, la hacienda pública, los servicios sociales, la protección del medio ambiente, la cámara de cuentas, el transporte urbano, los agentes forestales, la sanidad, la ley del suelo, entre muchos otros ámbitos legales más.

La web especializada www.economia3.com afirma que “debido a esto, se prevé la intencionalidad de mermar el control que tiene el parlamento sobre algunas de las decisiones gubernamentales. Pero no solo eso, otro de los aspectos que más preocupa a la población es el hecho de que esto puede generar futuras privatizaciones en los servicios sociales. Y especialmente, en el sector salud y transporte del país, razón por la cual su intención se cataloga como un abuso democrático. De allí su rechazo y que se estén llevando adelante todos los procesos legales para evitarla”.

Además, por otra parte, sostienen que, dentro de las desventajas que tiene esta ley, están “los abusos democráticos por parte del gobierno, los cambios radicales que se quieran implementar en el sector del suelo y el transporte, y la posible privatización tanto de los servicios de sanidad como de los servicios sociales del país. Todo esto generaría cambios en la calidad de vida de cada ciudadano, que alterarían el modo en el que desarrollan su día a día. De ahí el fuerte rechazo a la Comunidad de Madrid y a la aplicación de la ley ómnibus propuesta por Ayuso”.