La letra pequeña

Laura Hernández Concejala del PSOE en Aranjuez

En estos días nos enfrentamos al debate de los primeros presupuestos en la Comunidad de Madrid, presupuestos en los que la extrema derecha y la derecha extrema vinculan su futuro “manoseando” los derechos civiles que había conseguido la sociedad madrileña. Y ya no solo pretenden menoscabar derechos, sino que emplean las leyes de Educación e Igualdad como moneda de cambio.

La Presidenta Ayuso ha menospreciado a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid arrojándose a los brazos del “nuevo fascismo”, iniciando una triple negociación para conseguir el apoyo de Vox: la ley de Presupuestos, la Ley de Educación y la Ley de Igualdad. De esta manera, la formación que preside Rocío Monasterio condiciona los presupuestos a políticas retrógradas que pretenden derogar leyes aprobadas por consenso.

Como ya es sabido, Madrid es la Comunidad que menos gasta en educación, aunque sea la comunidad con mayor PIB per cápita. La segregación escolar por origen socioeconómico en secundaria de la Comunidad Autónoma de Madrid es la más alta de España y la segunda entre los países de la OCDE. 

Podría creerse que el enfrentamiento surgido en la región entre PP y VOX, en cuanto a la educación del alumnado en nuestra región, viniera motivado por la falta de reflejo presupuestario de los fondos recibidos del gobierno central y las ayudas europeas para garantizar la equidad, la educación de calidad respetando la diversidad del alumnado y la atención individualizada, pero no es el motivo.

Podían estar dedicando sus esfuerzos negociando un presupuesto en el que se abordaran los problemas en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid que tienen su origen en los 26 años que lleva gobernando el PP en la región y que se encuentra en la peor situación posible, donde se vulnera el derecho a una educación de calidad en la que se pueda atender de forma individualizada la diversidad del alumnado y su inclusión, pero tampoco es el freno.

La falta de entendimiento surge por quién se erige en oposición al Gobierno de España. Ambas rechazan la LOMLOE y andan buscando medidas educativas que permitan esquivar la aplicación de la citada Ley. Pero a Vox la Ley Maestra de Libertad Educativa se le ha quedado pequeña y quiere más. Para la extrema derecha es imprescindible proteger el modelo de enseñanza concertada y especial e imponer su “pin parental”, en la que se conozcan los contenidos curriculares de las materias, así como los contenidos de las actividades extraescolares, antes del proceso de matriculación a los centros. Monasterio, en su náusea, cree que hay que «frenar» a la izquierda en Educación para que «quiten las manos» de los niños porque dentro de unos años tendrán a muchísimos jóvenes educados en esas políticas: en las del indigenismo, las de la miseria, las de las políticas de género, las de los lobbies LGTBI…».

Sin titubeos la Presidenta Ayuso ya ha manifestado que no tiene problemas en derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual para que apoyen sus presupuestos. 

Aceptar estas condiciones supone asumir el negacionismo de la extrema derecha a la violencia de género, en el que se eluden los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, cuando lo que debería existir es un compromiso claro de todas las administraciones para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables. Además, con la nueva Ley de Igualdad que plantea VOX se renuncia al derecho fundamental a la libertad de expresión en la enseñanza pública aplicando medidas censoras que solo implican discursos de odio, cuando la realidad es que se deberían adoptar todas las medidas necesarias para impulsar los derechos LGTBI en los centros educativos e incorporarlos al currículum educativo. 

Sacar estas cuentas adelante, con el yugo de la extrema derecha, es un precio demasiado caro el que vamos a tener que pagar los madrileños. Estas cuentas no responden ni a los retos ni a los problemas que hay que resolver en la Comunidad de Madrid. Se hacen necesarios unos presupuestos útiles para los madrileños y madrileñas, que no estén bajo el sometimiento de la ultraderecha y que tengan visión más moderna. Si el trilerismo de VOX es asumido por el PP de la Comunidad de Madrid solo por aprobar unos presupuestos, supondrá quitar derechos adquiridos de los ciudadanos y  gestionar lo privado, en vez de lo público que es para lo que les pagamos.