Verdad, justicia y reparación

Laura Hernández. Vicesecretaria General del PSOE Aranjuez, responsable de Memoria Democrática

Decía el hispanista Ian Gibson, allá por 2018, a raíz de un informe elaborado junto a un equipo formado por el periodista Víctor Fernández, el experto en georradar Luis Avial y otros profesionales, -en el que defendían que los restos del autor de ‘Poeta en Nueva York’ se encontraban en la fuente del parque Federico García Lorca, levantado en su honor y a las víctimas del franquismo en Alfacar, el pueblo donde el autor fue fusilado junto a dos banderilleros anarquistas y a un maestro de escuela-, que “un país que olvida su pasado está condenado a la  mediocridad”.

El pasado lunes, en el Pleno de la Corporación, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, alardeó de esa mediocridad a la que su partido quiere sumir a nuestra cuidad y a nuestro país. Señalaba que ¨la Memoria Histórica es un término subjetivo y, además, bastante partidista». También señalaba que cuando hablamos de memoria hagamos justicia, haciendo una relación y trayendo los verdaderos datos que se puedan constatar”.

Y con la Memoria Histórica se vienen a poner encima de la mesa los datos ya constatados. Muchos datos en cifra de muertos enterrados en fosas comunes a lo largo y ancho de nuestro país. Datos que confirman que España es, después de Camboya, el país con más desaparecidos en fosas. Y como también señalaba Ian Gibson, «la derecha no afronta la verdad de lo ocurrido aquí, el horror del Holocausto en versión española. Dicen que es mejor olvidar pero, ¿cómo se va a olvidar esto? Es mucho mejor afrontarlo y desenterrar a lo fusilados y darles un entierro. Es evidente que Pablo Casado no tiene un abuelo enterrado en una fosa al que lo mataran los rojos, si fuera así, sería el primero en buscarlo. No tienen sensibilidad, ellos que se autoproclaman católicos».

El Partido Popular ya ha planteado que sería mejor llamar a la Ley de la Memoria Histórica, Ley de Concordia, sarcasmo que nos quiere llevar a la idea del perdón y del olvido. Pero para las víctimas y sus familiares es terrible usar ese desprecio al recuerdo cuando hay gente que se va a morir, -y muchas personas ya han muerto-, sin tener el consuelo de saber dónde están sus familiares.

La Ley de la Memoria Democrática, antes llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), aprobada a finales del año pasado, se fundamenta en algo tan obvio como poco compartido por los partidos de la extrema derecha española (PP y Vox), como es la democracia, poniendo en valor la convivencia, el pluralismo político, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de hombres y mujeres y la cultura de paz. Basada en los cuatro principios del derecho humanitario internacional como son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, sitúa a las víctimas en el centro, manteniendo viva su memoria y reparando moralmente a sus familias.

Por primera vez se plantea en una Ley el repudio y la condena expresa del golpe de Estado de julio de 1936 y de la posterior dictadura. Se reconoce la incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del Golpe del 36 y la dictadura posterior a la guerra, así como con la ubicación de los restos de los golpistas en un lugar preeminente de acceso público diferente a un cementerio. Además, destaca la asunción expresa del liderazgo del Estado en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones y la creación de recursos e instituciones de utilidad para la consecución de sus fines. Destacan la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado, un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura, un registro y censo de víctimas y una estructura estable de participación del movimiento memorialista a través del Consejo de la Memoria Democrática.

Pero a los líderes del Partido Popular y Vox se les olvida, reiteradamente, que existe esta Ley, aprobada mayoritariamente en el Congreso de los Diputados (eso también es respetar la democracia) cuando acuden a misas de exaltación al dictador, sacan a pasear banderas anticonstitucionales, sus partidos son financiados por la Fundación Francisco Franco, destruyen a martillazos la placa de Largo Caballero, presidente de la II República y superviviente de Sachsenhausen, permiten que se restituyan calles dedicadas a militares fascistas aliados de Hitler, se niegan a homenajear a las víctimas españolas del nazismo, se mofan de la Memoria Histórica, diciendo que se daba “un millón de euros para la Guerra Civil o no se qué archivos que quieren digitalizar…”, el mismo día del aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau o indican, como la Alcaldesa de Aranjuez, que la Memoria Histórica es algo subjetivo porque es partidista.

Desde el Partido Socialista de Aranjuez condenamos todos los ataques y comentarios interesados que ponen en cuestión una Ley que busca dignificar a las víctimas y restituir a sus familias. Esas afirmaciones sí que son partidistas, pues su único objetivo es intentar reescribir la Historia para que su manifiesta culpabilidad se siga poniendo en duda.

Es de justicia poner en valor todo el trabajo desinteresado de los movimientos memoralistas, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, el trabajo de grandes periodistas, hispanistas e historiadores que han dado a conocer la realidad de miles de familias españolas que seguían viviendo en silencio. 

VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN.