EDITOTIAL: Los protocolos y la vergüenza

La Cadena Ser ha sacado a la luz esta semana algunos de los 205 informes firmados por agentes de la Policía Municipal de la capital de España, de los cerca de los mil que se elaboraron en toda la Comunidad de Madrid, de las primeras semanas de la pandemia del Covid-19 en los que se expresaba el horror que sufrieron las personas mayores en las residencias y en los que también se reflejaba el agotamiento físico y mental de los trabajadores y la sensación de abandono por parte del Gobierno regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto de cobardía y falta de sensibilidad, ha acudido a los juzgados para intentar que estos informes no viesen la luz, a pesar que, desde un principio, acusó y responsabilizó al Gobierno de España de esta situación, intentado eludir responsabilidades siendo su gobierno quien tiene las competencias en Sanidad. Lo extraño es que, si hubiese sido el Gobierno estatal el responsable, ¿por qué Díaz Ayuso se ha negado a la apertura de una comisión de investigación y ha tratado de ocultar estos informes policiales? La pregunta se responde sola.

«Los llamados ‘Protocolos de la vergüenza’ copan unas de las páginas más negras en la historia de este país, con un Gobierno regional abandonando a su suerte a miles de personas mayores con decisiones que impidieron que casi la totalidad de los residentes en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid fueran derivados a hospitales cuando estalló la pandemia»

Los llamados ‘Protocolos de la vergüenza’ copan unas de las páginas más negras en la historia de este país, con un Gobierno regional abandonando a su suerte a miles de personas mayores con decisiones que impidieron que casi la totalidad de los residentes en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid fueran derivados a hospitales cuando estalló la pandemia. No fue negligencia, fue una decisión tomada a conciencia que provocó, incluso, la dimisión de Alberto Reyero, Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, por aquel entonces, y autor del libro ‘Morirán de forma indigna’.

Reyero aseguró que las palabras del vicepresidente Enrique Ossorio, cuando se sucedieron los acontecimientos, dando por “superadas” las muertes de los ancianos “son una vergüenza y de una crueldad ilimitada”. Un despropósito que costó miles de vidas y que no debería pasar por alto la justicia.

En la información de la Cadena Ser, se expresa que “la lectura de los informes policiales constata los problemas que tuvieron muchas residencias para que los servicios funerarios se hicieran cargo de los mayores que morían en los centros. El día 5 de abril de 2020 la Policía Municipal de Madrid acudió a la residencia Ballesol donde su directora relató a los agentes que necesitaba, de forma urgente, que se llevaran a los tres mayores que habían fallecido y que seguían en el centro. Una de las personas había muerto 48 horas antes y las otras dos el día anterior”.

Desde la Consejería de Sanidad se dictaron documentos que prohíban el traslado al hospital de los residentes enfermos con COVID, documentos que, según afirmó Díaz Ayuso nunca se firmaron, una afirmación desmentida por el propio firmante del Protocolo, Carlos Mur, que aseguró ante el juez que el documento existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ayuso siempre ha mentido sobre este asunto porque, según el propio Reyero, desde el Gobierno regional “temían que hubiera problemas judiciales por los protocolos en las residencias”.

La política está para mejorar la vida de la gente pero, en este caso, una decisión orquestada por en Ejecutivo regional comandado por una persona insensible a la que no le preocupa en absoluto el bienestar de la ciudadanía, ha supuesto las muertes de miles de personas. Nadie merece morir por decisiones políticas provocadas por la irresponsabilidad de quien solo se preocupa por derogar un Gobierno, el de España, sin importarle las consecuencias. Díaz Ayuso pretendió cargar las culpas sobre el Estado y ahora se demuestra que la mayor responsable era ella.

El abandono y la despreocupación por parte del Gobierno regional hacia nuestros mayores evidencia que el Partido Popular es un felino al que solo le preocupa el poder. A esta situación de los ‘Protocolos de la vergüenza’ se le suman las condiciones en las que se encuentran los usuarios de las residencias públicas en la Comunidad de Madrid, con una alimentación escasa e inadecuada, con falta de servicios como la calefacción o el aire acondicionado y con un personal debilitado que no puede cubrir todas sus necesidades por falta de efectivos.

Díaz Ayuso ha tratado de aplicar todo tipo de tretas, culpando al primero que pasaba por su lado e intentando esconder las pruebas que la delatan como máxima responsable de lo sucedido. El PSOE, tanto a nivel regional como a nivel local, lleva meses -e, incluso, años- denunciándolo. Es hora de que hable la justicia.