EDITORIAL: Imprescindibles políticas sociales

El pasado 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social, que en la presente edición buscaba la finalidad de concienciar a la población e impulsar acciones orientadas a que exista una mayor justicia social.

Una de las premisas es, evidentemente, erradicar la pobreza y promover el pleno empleo y el trabajo de calidad, fomentando la igualdad entre sexos, el bienestar social y la justicia social para todos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de noviembre de 2007 que el Día Mundial de la Justicia Social se celebrase, cada año, el 20 de febrero. Según Naciones Unidas, “el concepto de Justicia Social se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación y defensa de los derechos de todas las personas”.

Es evidente que todas las personas debemos regirnos por el disfrute de los derechos humanos fundamentales, que son el derecho a la identidad, a la supervivencia, a la expresión con libertad, a la educación y a ser tratados con respeto y dignidad.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, defendió en diciembre del pasado año, durante su intervención en una mesa redonda sobre ‘Justicia social y económica en la Unión Europea’ del programa ‘La Huella de la Presidencia’, que “la justicia social es defensa de la Constitución y también línea de acción de la Unión Europea”.

Madrid es la región con mayor desigualdad económica y social de toda España; y Aranjuez no es una excepción ya que es de las ciudades que menos invierte en políticas sociales por habitante. Ya, desde el PSOE, denunciamos la pasada semana que, por ejemplo, respecto al Comedor Social, el Gobierno de María José Martínez lleva años sin incrementar la partida económica destinada a tal fin. La respuesta de la propia alcaldesa es que para qué van a aumentar la partida si el pasado ejercicio se dejaron de gastar más de 7.000 euros en el Comedor Social. ¿Cómo es posible que, ante la situación de emergencia que tienen muchas familias sobre dinero para repartir alimentos? Toda una desfachatez.

El Gobierno de España aprobó el pasado mes de enero un decreto por el que se adoptaban medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía es un paquete de actuaciones que suponía la movilización de 3.800 millones de euros adicionales para proteger a familias, personas trabajadoras y empresas mediante reducciones fiscales, ayudas directas y bonificaciones. 

Entre las medidas se encontraba la prórroga de la rebaja del IVA de alimentos básicos y de primera necesidad. Se extendían además las rebajas fiscales en electricidad, gas natural y pellets, briquetas y leña, así como la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables.

También el decreto incluía la revalorización de 11,8 millones de pensiones y prestaciones para 2024. Las pensiones contributivas subirán un 3,8% y las pensiones mínimas, no contributivas, y el ingreso mínimo vital lo harán un 6,9%. También prorroga de manera indefinida los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas, así como a las grandes fortunas.

Por otro lado, se contemplaba la ampliación -hasta 38.000 euros- del umbral para que las familias de renta media puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario, así como la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para las personas mayores de 65 años o con discapacidad.

Finalmente, recoge actuaciones para afrontar los efectos de la sequía y para prorrogar las ayudas a las personas afectadas por la erupción del volcán de la isla La Palma, así como disposiciones para el fomento de las energías renovables y la competitividad de la industria, incluido el autoconsumo, y mayor protección para los investigadores.

Una de los mayores esfuerzos que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el de la lucha contra la pobreza infantil, con medidas como el de dignificar los salarios para combatir la pobreza laboral, el incremento de las prestaciones por hijo a cargo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la inversión en el ámbito educativo, con una dotación histórica en política de becas de más de 2.500 millones de euros.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalan que para alcanzar la Igualdad Social es imprescindible convertir a las personas en el epicentro de todas las políticas públicas. El Partido Socialista ya advertía en su programa electoral que necesitamos una ciudad inclusiva que proteja a los más vulnerables y alcance la igualdad y la cohesión social, y para ello apostábamos por invertir casi el doble por habitante de lo que se invierte en la actualidad, en políticas sociales para generar así un escudo social que garantice el acceso de cualquier vecino o vecina que lo necesite, y esto es algo que desde el Partido Popular de Martínez no se está haciendo.